Indice:
II. RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA
DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
III. ARGUMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA DENUNCIA
IV.
ESPECIFICACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DENUNCIADOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS INMUEBLES
AFECTADOS
Fundación de Occidente Arte en Peligro
Primera
Asociación Nacional para la
Defensa del
Patrimonio
Histórico-Artístico
(1973)
TRIBUNAL SUPREMO
SALA SEGUNDA - Causas
especiales
·Jorge María
Ribero-Meneses (D.N.I. 36.941.135 F), vecino de Santander y con
residencia en la Urbanización Peña Verde número 26 (D.P. 39011), en su calidad
de promotor del Ministerio de Cultura
(año 1976), de fundador de la Asociación
para la Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico, Arte en Peligro (primera creada en España; 1973), de autor de
la primera serie periodística escrita en defensa del Patrimonio (Una España que hemos de salvar; La Vanguardia, años 1973 a 1975), así
como del primer libro publicado en España sobre esta misma materia (Una
Catalunya que hemos de salvar; año 1977), y en su condición de
presidente, en fin, de la Fundación de Occidente, expone:
La
Península Ibérica fue otrora la
región del planeta que poseía un Patrimonio
Histórico-Artístico más rico y diverso, coherente con la mayor antigüedad
de su Civilización, documentada ya en los yacimientos cantábricos hace más de 50.000 años. Lo que constituye un caso único en el mundo, al remontarse las
culturas mediterráneas a las que absurdamente se atribuye la gestación de la
Civilización, escasamente a 10.000
años y eso en el caso de la más antigua: la asirio-babilónica.
Ese
inmenso legado acumulado por centenares de generaciones de Españoles, que no ha
cesado de incrementarse y de enriquecer su diversidad a lo largo de esos cincuenta milenios, ha sufrido una
larga sucesión de azotes y de agresiones, perpetrados por las constantes
invasiones y guerras que ha padecido España.
El Imperio Romano se cebó en el Patrimonio Monumental ibérico, que
redujo literalmente a escombros, llegando incluso al extremo de atribuirse la
autoría sobre algunas de sus obras más egregias. Roma arrasó Hispania y las huestes del Islam
hicieron lo propio algunos siglos más tarde, redondeando esa labor la
interminable sucesión de enfrentamientos protagonizados por los distintos
reinos peninsulares, en lo que constituye la principal seña de identidad de la
antigua Hiberia: su profundísimo y permanente espíritu de división y de
discordia, sin parangón en ningún otro país del mundo.
Pero,
salvedad hecha de la tabla rasa
romana, los mayores azotes sufridos por el Patrimonio
Histórico-Artístico español no han venido de la mano de guerras e
invasiones, sino de las consecuencias de tres calamidades acaecidas en el
decurso de los dos últimos siglos: la primera de ellas, la sabia pero
nefastamente aplicada Desamortización concebida por Mendizábal; la segunda, la Guerra
Civil con su secuela de quema y destrucción de los bienes artísticos
tutelados por la Iglesia; y la tercera, la
brutal y devastadora especulación inmobiliaria generalizada en España a partir
de la década de 1960 y que ha resultado más catastrófica para el Patrimonio
español que todas las calamidades, juntas, sufridas a lo largo de los dos
últimos milenios. La ambición de unos, la atonía o indeferencia de
otros, la absoluta permisividad y complicidad de las Administraciones Públicas
y la falta de un ordenamiento jurídico que regulara todas las actuaciones que
de una manera u otra afectaban a nuestro Patrimonio,
han propiciado la mayor hecatombe
cultural sufrida por España a lo largo de toda su Historia, perpetrada a lo
largo de los últimos cuarenta años y que, aunque relativamente ralentizada en los últimos años, sigue
azotando a los monumentos y bienes artísticos españoles, víctimas de la insensibilidad
y de los manejos de aquellos a quienes está encomendado el sagrado deber de
protegerlo.
En
mi calidad de fundador del primer movimiento de defensa del Patrimonio Histórico-Artístico creado
en España (la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico,
legalizada en 1973 con el nombre de Arte
en Peligro), apelo a la más alta instancia jurídica de nuestro país, el
Tribunal Supremo, para que
contribuya a poner fin a la anarquía todavía reinante, emprendiendo
determinadas acciones contra aquellos Ayuntamientos
que han consumado atentados flagrantes contra el bien más preciado que posee la
sociedad española: su Patrimonio
Histórico-Artístico. Porque a falta de esas acciones punitivas, de tan alto
valor ejemplarizante, todas las Administraciones Públicas de nuestro país y muy
especialmente los Ayuntamientos,
persisten en su ya inveterada costumbre de atentar contra nuestros bienes
artísticos, ya sea de forma directa, ya de manera indirecta al permitir que se
consumen aberraciones urbanísticas como las que en el presente documento se
denuncian.
La
impunidad ha sido y sigue siendo el
principal caldo de cultivo en el que se gestan los atentados contra el Patrimonio, sustentados todos ellos
sobre los pilares de la corrupción.
Precisamente por ello y como el estigma de la corrupción, más o menos
encubierta, no desaparecerá jamás de nuestro código de comportamientos, sólo acabando con el actual contexto de impunidad conseguirán atajarse los
desmanes que no cesan de consumarse, en aplicación siempre de la política de
los hechos consumados.
Dada
la magnitud de los desafueros urbanísticos que se han perpetrado en la práctica
totalidad de los Municipios
españoles, en el decurso de las cinco
últimas décadas, y partiendo del principio axiomático de que tal cantidad
de monstruosidades y tan inaudito grado de permisividad y de complicidad no son concebibles si no se
ha producido una compra generalizada de voluntades, debe considerarse un hecho
probado -que no requiere de mayor y mejor verificación que la que brindan la desmesura, la anarquía y la extraordinaria fealdad
de buena parte de los núcleos urbanos
(¡y no digamos ya rurales!) de todo el territorio español-, el de que ha existido un contexto generalizado de
corrupción en la inmensa mayoría de los Ayuntamientos españoles, ya desde los
albores mismos de la década de los 60 hasta nuestros días. Sólo
partiendo de esta premisa y descartando la posibilidad de que todos nuestros Munícipes
se hayan visto afectados por un síndrome
de demencia colectiva, puede comprenderse el hecho de que la armonía y la mesura que habían
presidido el crecimiento de nuestros núcleos úrbanos hasta la década de 1950,
pasasen a la historia a partir de esos años, iniciándose una carrera
desenfrenada por parte de la práctica totalidad de los Ayuntamientos españoles,
para ver quien era capaz de consumar el mayor número de barbaridades, en el
menor tiempo y en el más sucinto espacio posible. No es concebible que
todo esta monumental exhibición de irracionalidad
haya podido materializarse sin que Alcaldes,
Concejales y Funcionarios
municipales con capacidad de decisión no
hayan sucumbido a las tentadoras y siempre generosas ofertas realizadas por
constructores, promotores y propietarios de fincas e inmuebles,
extraordinariamente bien dispuestos a gratificar la benignidad y permisividad
de sus proyectos inmobiliarios, cortados siempre por el mismo patrón de la
búsqueda del mayor lucro posible, sin tener en cuenta para nada ni los
intereses colectivos ni la salvaguarda de la belleza y armonía de nuestras
ciudades.
La
corrupción generalizada en los Ayuntamientos
españoles en el plano inmobiliario, ha
propiciado la consumación de una serie interminable de atentados de primera
magnitud contra nuestro PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, tanto en lo que se
refiere a la destrucción de monumentos y edificios de interés, como a la grave
profanación de los núcleos históricos de todas las poblaciones españolas, sin
excepción ninguna. De este modo y merced al fructífero y lucrativo diálogo
entre ediles municipales y promotores inmobiliarios, todas las ciudades españolas han sufrido un galopante proceso de
degradación que ha supuesto la DESTRUCCIÓN, en muchos casos irreversible, de
sus NÚCLEOS MONUMENTALES, con todo cuanto ello entraña en orden a su
empobrecimiento cultural y económico. Y este hecho es tanto más grave y
hasta dramático, cuanto que habida cuenta de la enorme antigüedad y relieve
histórico de no pocas de nuestras ciudades, esa brutal, desaforada y continuada profanación de la que han sido
objeto, ha malogrado para siempre la posibilidad de que varias de ellas -es
el caso de Burgos, León, Valladolid,
Palencia, Soria...- fueran
declaradas PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. De este modo, una sucesión de Consistorios
irresponsables y corruptos, ha conseguido destruir en cuarenta años lo que por
espacio de siglos y en bastantes casos de MILENIOS habían construido
generaciones y generaciones de Españoles, preocupadas y rivalizando siempre en
el empeño por modelar unos núcleos urbanos más cuidados, más bellos y hasta
exquisitos en toda su prodigiosa carga de hallazgos, innovaciones y matices.
En
beneficio, pues, de unos pocos, los habitantes de las ciudades que han sufrido
ese acelerado proceso de degradación, han visto cercenadas sus posibilidades de
enriquecimiento en todos los órdenes, ya desde la presente generación y
extendiéndose, de manera irremediable, a
todos los de las sucesivas. Porque en un mundo que tiende a la
uniformidad y en el que cada vez se valora más la singularidad y la
conservación de la memoria histórica, las corrientes turísticas ignoran y
marginan a aquellas poblaciones que, como ha sucedido con la inmensa mayoría de
las españolas, han renunciado a sus rasgos de identidad y al tesoro de su
diferencialidad, en aras de una modernidad
impuesta por aquellos a quienes la conservación del Patrimonio estorbaba a sus planes de enriquecimiento merced y a
través de la especulación con el suelo.
¿Es
concebible que el daño descomunal
producido a millones de Españoles por todo ese cúmulo de Consistorios indignos pueda quedar impune, librándose sus
responsables de la reprobación colectiva
que merecen, así como de la vergüenza que debería caer sobre ellos, por el
hecho de haber destruido en cuarenta años el Patrimonio tan trabajosa y sacrificadamente modelado por nuestros
antepasados? Y todo ello para que centenares
de Alcaldes, Concejales y Funcionarios hayan acumulado auténticas fortunas o,
en no pocos casos, para que una parte de esos indignos rendimientos fueran a parar a las arcas de los Partidos Políticos
que los habían aupado hasta esos cargos.
Fieles
siempre a esa práctica, tan española, de los hechos consumados, una
larga sucesión de Consistorios permisivos
y corruptos han consumado cuantos desafueros han querido, sin que el peso
de la Ley y el complemento imprescindible de una condena ejemplarizante, hayan
caído sobre ninguno de ellos. Cumplidos sus mandatos, Alcaldes y Concejales han
abandonado sus cargos, dejando tras de sí una indeseable secuela de atentados
incalificables contra el Patrimonio común. Sus aberraciones urbanísticas han
quedado y por mor de esta curiosa e indulgente filosofía de impunidad, nadie
les ha pedido cuentas jamás por todo el daño que han ocasionado y, mucho menos,
por los altísimos rendimientos que esos atropellos contra el Patrimonio y contra el interés general les han proporcionado.
Como
quiera que es jurídica y éticamente inaceptable que los desafueros perpetrados
por unos pocos deban pesar, A
PERPETUIDAD, sobre las ciudades que los han padecido y sobre los
ciudadanos que deben sufrir, día a día, sus consecuencias, tanto desde el punto
de vista estético y medio ambiental como en el plano económico ya señalado, el
proceso de consolidación de la Democracia en España y el propio imperio de la
Ley y de la Justicia deberían exigir la
corrección y rectificación de algunos de los más graves atentados contra el
Patrimonio que se han consumado, haciéndose los Ayuntamientos correspondientes
responsables de los mismos y marcándose unos plazos determinados para llegar a
enmendarlos, en aquellos casos en que, por no tratarse de acciones
irreversibles, cabe su rectificación o corrección.
¿Es cabal y racional
que algunas de las barbaridades que se han consumado deban perpetuarse en el
tiempo, previsiblemente (dada la solidez de las construcciones
modernas) por espacio de SIGLOS,
cuando el daño inflingido ha sido de primerísima magnitud y el perjuicio que
ello ocasiona a nuestras ciudades, enorme?
¿Es cabal que
generaciones y generaciones de Españoles deban verse gravemente afectadas y
perjudicadas por el hecho de que la corrupción, la anarquía y el caciquismo
imperantes en España durante los años finales del franquismo y las primeras décadas de la Democracia, se hayan cebado
sobre el Patrimonio Histórico-Artístico Español como ni las guerras, ni las
revoluciones, ni la miseria, ni la inquina del tiempo lo habían hecho a lo
largo de MILENIOS?
¿Es cabal y admisible
que por mor de esa institucionalización en la vida española de la política de
los hechos consumados, la presente
generación y todas las que le sucedan deban sufrir las consecuencias de los
desafueros perpetrados por un rimero de políticos y funcionarios corruptos,
indignos de las altas responsabilidades que se les habían encomendado?
Y
lo que es tanto o más importante, ¿no
sería determinante para evitar que males semejantes sigan reproduciéndose, el
hecho de que algunos de los atentados ya consumados fueran castigados
ejemplarmente, comprendiendo de este modo nuestros responsables municipales que
el hecho de ostentar los cargos que ostentan no les concede patente de corso ni les faculta para
cometer cuantas tropelías contra el interés público les vienen en gana,
indefectiblemente arropados en el amplísimo y confortable manto que les procura la permanente invocación a los votos
obtenidos en los comicios municipales? Porque los votos que los ciudadanos
otorgan a los políticos presuponen que éstos pondrán todo el celo imaginable en
la ejecución de su labor y que ésta se desarrollará siempre en el ámbito de las
más estrictas y rigurosas legalidad
y honestidad. Y subrayo este
último término porque aunque los perfiles de la legalidad pueden llegar a ser, merced a las artes de la política,
más o menos evanescentes y difusos, los de la honestidad no admiten interpretaciones ni matices posibles, siendo
ético todo aquello que beneficia al conjunto de la Comunidad y deshonesto e
indeseable aquello que lesiona los intereses generales en beneficio de unos
pocos.
La
Democracia española no estará madura ni nuestra Legalidad preservada, hasta que
determinados comportamientos de nuestra dilatada y no tan ejemplar Transición no se vean rectificados, muy
especialmente en lo que respecta a la conservación y salvaguarda del más
precioso de nuestros legados: el de nuestro acervo histórico y monumental.
Dar por buenas las aberraciones cometidas por nuestros Municipios, supone un
ultraje para la Razón, una burla para los ciudadanos y un grave demérito para
nuestras ciudades. Tres razones lo bastante sustantivas y sólidas como para
iniciar un proceso de rectificación que deberá devolver a nuestros más valiosos
núcleos monumentales, por lo menos una mínima parte de la dignidad y la
grandeza perdidos.
Como
ejemplos especialmente flagrantes que no sólo merecen sino que están reclamando
a gritos una rectificación, el autor de la presente denuncia apela a la más
alta instancia jurídica española para que inste a los Ayuntamientos que se
citan a continuación a que remedie los brutales
atentados contra el Patrimonio que también se exponen y que han sido
perpetrados en el decurso de las últimas décadas, ocasionando un gravísimo
perjuicio a las poblaciones que los han sufrido. Porque ya es hora de que los Españoles empecemos a
entender algo que nuestros vecinos europeos comprendieron hace ya mucho tiempo:
que en un monumento sobresaliente, resulta tan importante el monumento en sí
como el contexto arquitectónico en el que se integra e inscribe. De tal
modo que resulta absurdo y, si se me permite, cretino, poner todo el celo del
mundo en preservar la integridad de una Catedral
cualquiera, al mismo tiempo que se tolera la profanación y destrucción de su
entorno. Que ha sido, justamente, la tónica general del proceder de los Españoles en relación con su Patrimonio: se han consumado todas las barbaridades imaginables en
el entorno de nuestros monumentos, mientras nuestros responsables municipales
tenían a gala el hecho de preservar y proteger los edificios históricos.
¿Históricos? ¿Qué valor histórico
pueden tener esos edificios cuando se les priva del contexto en el que florecieron
y que les ha arropado a lo largo de siglos o incluso de milenios? (Como sucede
en el caso de La Puente de Segovia -el Acueducto-,
junto a la que tantas aberraciones han estado a punto de perpetrarse...). Por
desgracia, no son precisamente escasos los casos en que nuestros jerarcas
municipales no sólo se han cargado el contexto de los monumentos sino también
los monumentos mismos. Y ocioso es decir hasta qué punto han debido ser sustanciosas las sumas de dinero
percibidas por los ediles
municipales, para que hayan osado llevar a término tamañas tropelías contra el Patrimonio común... Pero no existía
razón alguna para inquietarse: España
es el Reino de la Impunidad y
nuestros responsables municipales han podido hacer cuanto les ha venido en
gana, fuera o no fuera ajustado a Derecho y a Razón, en la seguridad de que
nadie les iba a pedir cuentas por ello y, muchísimo menos, de que habrían de
pagar por ello. ¡Cuántos desafueros, cuántos atentados irreparables
contra el Patrimonio y contra el
interés general de los ciudadanos se habrían evitado si unos cuantos Alcaldes y
Concejales hubiesen pagado en la cárcel las
barbaridades que habían consentido, untos,
cazos, maletines, gratificaciones e incentivos
mediante!
¿Qué
respeto, qué honorabilidad puede merecer una nación en la que todos los delitos e irregularidades en que
incurren sus gobernantes, quedan absolutamente impunes?
Siendo
los Ayuntamientos que se señalan a
continuación los únicos responsables
de los desafueros que también se
especifican -absolutamente inconcebibles de no haber mediado una u otra forma
de compensación o de gratificación-, debería exigirse de
todos ellos la progresiva demolición de
los edificios que han sido irregularmente consentidos, reubicando a sus
inquilinos en inmuebles construidos al efecto en otras zonas, de carácter no
monumental, de esas ciudades. Habida cuenta de que, como sucede en los casos de
Alicante y de Valladolid, son varios los edificios cuya construcción se impugna,
debería reclamarse de ambos Municipios la firma de un compromiso por el cual se
estableciesen unos plazos determinados, a lo largo de los cuales se iría
procediendo a la demolición de los inmuebles cuya ubicación se denuncia,
evitando siempre que sus inquilinos pudieran verse afectados, en ningún sentido,
por esta ejemplar y ejemplarizante acción en defensa de los supremos intereses
de la sociedad española. No son los inquilinos de esas viviendas quienes deben
pagar las consecuencias de los errores cometidos, sino los Ayuntamientos que turbiamente
los consintieron.
Sigue,
pues, a continuación la relación de los Municipios
en los que se centra la presente denuncia, con la referencia pormenorizada a
los puntos concretos de su urdimbre urbana en los que se consumaron los
atentados contra el Patrimonio cuya
corrección se reclama:
1.1. Manzana formada por varios edificios de
descomunal altura, con fachada a la Plaza
de la Libertad, Bajada de la Libertad, Calle Echegaray y Plaza Portugalete, que destruyen
literalmente el núcleo monumental más importante de Valladolid, formado por la
Catedral herreriana, la antigua Colegiata románica, la Iglesia de Santa María de la Antigua, también
románica, la Iglesia de Las Angustias
(en la que se tutela una de las imágenes más veneradas de la ciudad) y el monumental
Teatro Calderón (principal coliseo de
Valladolid).-
La
reciente demolición de varios edificios contiguos a la Catedral -que mantenían oculta la antigua Colegiata románica a expensas de la cual se construyó la Seo
vallisoletana-, ha permitido devolver a la Plaza Portugalete su perdida
amplitud y belleza, contribuyendo a realzar los cuatro edificios sacros que se distribuyen en torno a ella: la
citada Santa Iglesia Catedral, la propia Antigua Colegiata de
estilo románico, de la que se conserva una parte nada desdeñable, la bellísima Iglesia
de Santa María de la Antigua, con su extraordinaria Torre románica y, por último, la parte
posterior de la Iglesia de las Angustias. Resulta ocioso decir que tal
acumulación de templos revela que
nos encontramos en el núcleo monumental
por antonomasia de la ciudad de Valladolid, enriquecido, además, por la
presencia del Teatro Calderón,
oculto tras los edificios que fueron construidos junto a la última de las
iglesias mencionadas.
Con
una ceguera y una irresponsabilidad que clama al cielo, ya en la primera parte
del siglo pasado se permitió edificar varias casas de considerable altura en
esa Manzana
de la Ignominia que se yergue entre la Plaza Portugalete y la Bajada
y Plaza
de la Libertad. Consumado ese despropósito, sucesivos Consistorios
vallisoletanos, ya en el decurso de las tres últimas décadas, han permitido
construir varios edificios más, rivalizando siempre en altura con los
precedentes y en estricta aplicación de esa práctica tan española que establece
que, cuando un despropósito ha colado,
deja el camino expedito para que puedan llevarse a término, acto seguido, todos
los dislates y desafueros que se deseen. De este modo y por mor de esta filosofía, los responsables públicos que
autorizaron la construcción de los últimos edificios de esta ignominiosa manzana vallisoletana, permitieron alcanzar unas alturas
disparatadas, que han consagrado la existencia de un mastodóntico y horrendo manojo de edificios en el punto más
sensible del casco urbano de Valladolid y allí donde, si las cosas se hubiesen
hecho con un mínimo de racionalidad y de honradez,
esta ciudad podría alcanzar su mayor armonía y belleza. Porque la nobleza y
monumentalidad de los templos que en ese punto se concentran lo hace posible y
porque, fuera de ellos y de esa vergonzante
manzana, el resto de las casas
que rodean a la Catedral se hallan
en perfecta sintonía con ésta y son acordes con la tónica arquitectónica
dominante en el Casco Antiguo de la ciudad de Valladolid.
El
embellecimiento y mejora que para esa capital castellana supondría la demolición de la manzana de edificios señalada, sería de tal calibre, que el
Ayuntamiento de la misma, único responsable de su construcción,
no debería ahorrar esfuerzos para iniciar el proceso de reubicación de todos
los afectados, procediendo a derruir edificios a medida que éstos vayan siendo
alojados en las nuevas viviendas que deberán construirse, al efecto, en otras
zonas de la ciudad. Es inconcebible
que por no afrontar los inconvenientes menores que ello entraña para un número
exiguo de ciudadanos y por eludir el coste que ello supondría para el
Ayuntamiento, se condene a la ciudad de Valladolid a cargar con la afrenta y el
oprobio que para su monumentalidad supone la pervivencia durante SIGLOS de esa auténtica
aberración urbanística, perpetrada -sin el menor género de dudas porque de otro
modo sería impensable-, a cambio de algún tipo de recompensa otorgada por los promotores de esos engendros
arquitectónicos.
La
desaparición de esa abyecta manzana
alumbrada por el Consistorio
vallisoletano, daría lugar al nacimiento de una de las Plazas más amplias y con
mayor riqueza monumental de toda la geografía española.
1.2. Edificio-Residencia
de los P.P. Dominicos, construido en el corazón mismo de uno de los conjuntos
monumentales más singulares y valiosos de todo el territorio español, formado
por los dos edificios platerescos más valiosos de España -el Colegio de San Gregorio y la Iglesia de San Pablo-, así como por los contiguos Palacio de Villena, Palacio Real (sede de la Capitanía de Valladolid) y Palacio Pimentel o de la Diputación, en
el que es tradición que nació Felipe II. La demolición de dicho edificio y
la reforma de otros dos construidos frente a San Gregorio, permitirá solicitar y obtener de la UNESCO la
declaración de Patrimonio de la Humanidad para este conjunto arquitectónico de
la ciudad de Valladolid, de características únicas y fundamental tanto por su
riqueza artística como por su relevante valor histórico.-
Valiéndose,
sin duda, de la influencia que su condición religiosa les otorgaba, los P.P.
Dominicos consiguieron que el Ayuntamiento
de Valladolid les autorizase a construir un elevado, modernísimo y funcional edificio -destinado a acoger a
su Comunidad-, a la vera misma del conjunto
monumental más importante y valioso que posee dicha ciudad, al tiempo que
uno de los más notables y singulares de Europa:
el formado por el Colegio de San Gregorio, con su fachada, patio y capilla
extraordinarios, y por la vecina Iglesia de San Pablo que posee la fachada-retablo
de mayores dimensiones de nuestro continente. Lo que viene a ser lo mismo que
decir de todo el planeta. Y a estos valores debemos sumar el hecho de que el
mencionado Colegio acoja en sus salas los fondos del Museo Nacional de Escultura,
único de sus características en España y en el mundo.
¿Cómo
se permitió a los P.P. Dominicos profanar con su sede conventual un conjunto que,
si el Ayuntamiento de Valladolid
hubiese hecho las cosas como es debido, habría sido declarado Patrimonio de la Humanidad hace ya
muchos años? ¿Y cómo, además de incurrir en este despropósito, se agravó el
problema construyendo unas viviendas horrendas frente al Colegio de San Gregorio?
¿O, lo que es lo mismo, frente por frente de la fachada plateresca más valiosa que existe, sensiblemente superior a
la afamadísima de la Universidad de
Salamanca? ¿Se habría permitido construir edificio alguno en el entorno
de la fachada de la Universidad salmantina? Entonces, ¿por qué se permitió
hacerlo frente al Colegio de San Gregorio, cuando la categoría artística de este
conjunto es incluso superior a la de su homóloga salmantina? ¿Se habría
permitido a los P.P. Dominicos levantar su feísima residencia conventual junto
a cualquiera de los Patios de la Universidad de Salamanca?
Una
vez consumada tamaña tropelía contra el Patrimonio,
¿tendremos que darla por buena a perpetuidad, permitiendo que envilezca uno de
los conjuntos monumentales más extraordinarios de todo el planeta? Parece del
más elemental sentido común que debería procederse, cuanto antes, a la
demolición de ese aberrante edificio, completando de este modo los costosísimos
trabajos de restauración que se están efectuando en sus vecinos el Colegio
de San Gregorio y la Iglesia de San Pablo. Y ojalá que a
todo ello se sume la integración de esta última en el Museo Nacional de Escultura,
permitiendo exponer en ella buena parte de los retablos que, sin el espacio
aconsejable para ello, se han venido exponiendo hasta ahora en las salas del
citado Colegio.
Frente de edificios
construido en la fachada marítima de la ciudad, al pie de la Peña de Benacantil y ocultando literalmente la
principal seña de identidad de la ciudad, al tiempo que su primer emplazamiento
urbano, que data de época prehistórica y que en su día merecerá la
declaración de Patrimonio de la Humanidad, al tratarse de una de las ciudades
más antiguas del Mediterráneo: la antigua Leuka
o Gallakanta de la que recibe su
nombre la actual Alacant = Alicante,
nacida en la ladera de dicha Peña y al pie, por ende, de la vieja acrópolis de
la que es heredera directísima el Castillo
de Santa Bárbara que corona ese Peñón. La construcción de esa línea de
edificios ha envilecido el enclave histórico-artístico-paisajístico más
importante y valioso de Alicante, no sólo porque con ella se ha profanado una
reliquia histórica de primera magnitud, sino también porque su construcción ha
supuesto la desaparición de un viejísimo barrio de pescadores, formado por
casitas de escasa altura y notable tipismo.-
Toda
la ciudad de Alicante, con la única
salvedad de su puerto y de su paseo marítimo, constituye un atentado contra esa
tónica de mesura, armonía y buen gusto que debería haber presidido el
crecimiento de las ciudades españoles y que tan difícil resulta de distinguir
en la mayoría de ellas. Desgraciadamente, el daño está ya hecho y no tiene
enmienda posible: se han destrozado los Cascos
Históricos y la magnitud de los atentados perpetrados hace completamente
imposible volver a aquel perdido horizonte de la década de 1950 en el que nuestros núcleos urbanos conservaban aún, en gran
medida, la fisonomía que les había venido siendo propia y característica desde
mucho tiempo atrás. Es el caso de Alicante,
que era una ciudad hermosa y llena de encanto cuya salvaguarda habría hecho hoy
las delicias de todos cuantos la visitan. En lugar de eso y como sucede en la
inmensa mayoría de las ciudades mediterráneas, quienes viajan a ella se
encuentran con un cúmulo de aberraciones urbanísticas difícilmente superable y
que repugna a cualquier espíritu mínimamente sensible y culto. Una pésima
impresión que a duras penas consigue paliar la belleza del Paseo Marítimo de la ciudad, brillantemente concebido y realizado
aunque envilecido también, ¡cómo no!, con la construcción de varios hoteles
mastodónticos que lo degradan.
La
fealdad del núcleo urbano de Alicante y
la belleza de su fachada litoral, de su Paseo Marítimo, determinan el que
todo el encanto de esta población y, por ende, todos cuantos la visitan, así
como quienes residen en ella en sus momentos de ocio, se concentren en la
avenida y paseos que discurren paralelos al Puerto y Playa de la ciudad. Es
inevitable, pues, que quienes contemplan la ciudad desde ese mirador privilegiado que le otorga su
franja litoral, acaben centrando su atención en el único punto de su panorámica
urbana que por una parte destaca notablemente sobre toda ella y, por otra
parte, no resulta anodino o rabiosamente feo:
el Peñón
de Benacantil sobre el que se yergue el Castillo de Santa Bárbara,
heredero del que fuera el primer
emplazamiento, íntegramente amurallado, de la ciudad de Gallakanta > Alakant > Alikante > Leuka. Pues
bien, quien situado en el Paseo Marítimo
o en las cuidadas instalaciones y establecimientos recreativos anejos al Puerto Deportivo de la ciudad, dirige su
mirada hacia el punto más bello de Alicante
-el majestuoso Peñón en cuestión-
se encontrará con la desagradable sorpresa de descubrir que la primera línea de
edificios, todos de considerable altura, cuya construcción se toleró en las décadas
pasadas, ocultando los nobilísimos edificios que se encuentran tras ellos y a
los que han enterrado literalmente, tapa
literalmente la soberbia silueta de Benacantil
que distingue y ennoblece a la ciudad y que, en épocas prehistóricas,
determinara el que la ciudad de Alicante
fuese una de las más importantes de TODO el Mediterráneo. Porque son rarísimos los Puertos Marítimos que
poseen un bastión tan imponente y, por ende, inexpugnable. Tan pocas
que, en el caso de la Península Ibérica,
ninguna ciudad puede competir con
Alicante en este sentido. No estamos hablando, pues, de un bien
ordinario, sino de un Patrimonio natural
e histórico de primera magnitud, que debería haber sido preservado y
potenciado por encima de todo. Lejos de esto y actuando con una ceguera y una estulticia que producen auténtico pasmo, los munícipes alicantinos no han cejado en su empeño por esconder y
degradar ese impresionante Peñón
que, en su calidad de extraordinaria ACRÓPOLIS,
justificase el nacimiento de la remota Gallakanta > Leuka en ese punto
del litoral mediterráneo ibérico. Y así, y no satisfechos con el despropósito
que supone esa primera línea de edificios a
derruir, que se inicia en la Calle San Telmo, a continuación del
viejo Hotel Palas, y que llega hasta el Paseíto de Ramiro,
empeñados en mejorar la barbaridad
que habían perpetrado, decidieron consumar una de las mayores atrocidades urbanísticas que se han
realizado en España, al trazar una
calle entera que recorre buena parte del perímetro del Peñón, en su fachada marítima más
elevada, pintoresca y hermosa. De este modo y después de haber comido
una parte de la ladera de la Peña
para abrir esa calle y llenarla de edificios por uno de sus flancos, los
últimos Consistorios alicantinos, alcanzando
un grado supino ora de corrupción, ora de demencia corporativa, ora de ambas
cosas a la vez, decidieron hacerse los desentendidos
y dirigir su mirada distraídamente hacia el mar, mientras una serie de
promotores inmobiliarios levantaban en la Calle
Virgen del SOCORRO (¡para mayor escarnio!) una larga sucesión de edificios
mastodónticos que ocultan buena parte de la ladera del Peñón de Benacantil y que destruyen literalmente su perspectiva, a
la vez que privan de buena parte de su belleza. Porque nada más
antagónico con la idiosincrasia de una ACRÓPOLIS
PREHISTÓRICA de esa magnitud, belleza y trascendencia histórica, que esa auténtica muralla de ladrillo y hormigón
que, en forma de viviendas, esconde hoy buena parte de la otrora nobilísima Acrópolis de Leuka o Gallakanta. ¿Cabe irracionalidad mayor? ¿Cabe ejemplo más flagrante de profanación del Patrimonio?
Porque
la antigua Leuka debería ser declarada Patrimonio de la Humanidad y porque los ciudadanos de Alakant
no tienen por qué sufrir durante siglos
tan brutal atentado contra su más
precioso Patrimonio, nuestro ordenamiento jurídico debería obligar al Ayuntamiento de
Alicante a proceder a la sucesiva
demolición de TODOS los edificios construidos en la primera línea de su fachada marítima, desde la Calle de San Telmo hasta la Plaza
de Topete, afectando por ende a las Avenidas
de Juan Bautista Lafora y Jovellanos y
sustituyendo esa larga sucesión de edificios por las casitas de pescadores que
existieron otrora en esa parte de la ciudad y que tan poderosamente contribuían
a embellecerla. Si así se hace, Alicante
recuperará una parte de su belleza perdida y, al propio tiempo, podrá obtener
de la UNESCO esa declaración de Patrimonio de la Humanidad para su Ciudad
Vieja que debería convertirse en el principal objetivo de sus
responsables públicos. Porque la obtención de esa distinción no sólo
embellecerá la ciudad sino que la enriquecerá considerablemente en todos los
órdenes.
Edificio Campo
situado en uno de los extremos de la Plaza Mayor de la ciudad, principal
responsable de la destrucción de la armonía de la misma.-
Contestado y
repudiado por los Burgaleses desde hace décadas, las altas influencias políticas de la familia propietaria de ese
edificio han conseguido sortear todas las acciones que se han emprendido tendentes
a forzar su demolición. Una vez más, nuestro ordenamiento jurídico queda en
entredicho ante el caso de un edificio aberrante que transgrede los principios
más elementales de protección de nuestro Patrimonio y que, sin embargo,
consigue perpetuarse en el tiempo merced a las maniobras y componendas de sus
propietarios ante los responsables municipales de turno. Es inconcebible que la
Plaza
Mayor de una población históricamente tan importante como Burgos deba verse envilecida por mor de
un horrendo edificio cuya construcción no habría sido tolerada en ningún país
civilizado. ¿Cómo es posible que se tolerase tamaño desproposito en la capital histórica de Castilla? Y ¿cómo
se entiende que tan estridente desafuero, que vulnera las reglas más
elementales de la mesura, de la armonía y del buen gusto, no haya sido demolido
todavía?
Este nuevo y
alevoso atentado contra el Patrimonio
Histórico-Artístico, acredita a los Municipios
españoles como defensores a ultranza de los hechos consumados, así
como grandes adalides de la impunidad
y de la complicidad. Lo que,
evidentemente, es muchísimo más grave. ¿Cuántas décadas o siglos tendrán que
transcurrir para que el Ayuntamiento de
Burgos se avenga a cumplir con la Ley y a asumir sus responsabilidades,
procediendo a la demolición de ese edificio cuya construcción
incomprensiblemente toleró?
El denominado Edificio
Moneo, recientemente construido en la Plaza
de Santa Teresa o del Mercado Grande,
reventando literalmente la armonía de una típica plaza porticada castellana,
en la que además existe una valiosa Iglesia románica, la de San Pedro. Todo ello, muy próximo a la Muralla y a una de sus Puertas, la de El Alcázar.-
No se
conocen datos que permitan establecer que ha existido alguna forma de
corrupción en el proceso de aprobación y de construcción del edificio
mencionado, pero aun cuando no hubiese sido así, el daño infringido a una
población que es Patrimonio de la
Humanidad, no es menor. Y por otra parte, si perseguible debe ser la
corrupción, no lo debe ser menos la necedad
de la que en este caso han hecho gala quienes han permitido que la armonía de
un conjunto monumental como el que se encierra entre las Murallas de Ávila, se vea
destrozada por la erección de ese edificio disparatado. Porque la filosofía que
debería presidir cualquier intervención en el Patrimonio, debería ser la de mantener
y preservar a cualquier precio la armonía de poblaciones y conjuntos
monumentales, partiendo del principio de que fueron creados a lo largo de
siglos por otras generaciones y no por la nuestra y de que NO TENEMOS DERECHO a
destruir lo que con tantísimo celo y esmero modelaron quienes nos han precedido.
Ahí están las poblaciones o barrios de nueva planta para acoger todas las genialidades y despropósitos alumbrados
por los autores contemporáneos, no siendo de recibo que se profane con ellos lo que siempre fue de una manera y nuestra
generación tiene el deber de conservar como ha recibido. Quien desee
innovar en Ávila, que lo haga en los
barrios nacidos allende su recinto amurallado, debiendo ser preocupación de los
munícipes de esta población castellana, la de potenciar al máximo su belleza,
corrigiendo algunos de los desafueros perpetrados a lo largo del pasado siglo.
Ése debe ser el norte de su actuación
en esta materia, tratando de evitar por todos los medios el que nada ni nadie
consiga alterar en lo más mínimo la belleza y armonía estética de una población
que ya sufrió no pocos atentados contra el buen gusto a lo largo del pasado
siglo. Es la corrección de esas barbaridades permitidas en el decurso de la
pasada centuria lo que debe preocupar a los miembros del Consistorio Abulense, y no el afán por competir en necedad con sus
predecesores, consintiendo la consumación de despropósitos como ese Edificio Moneo que de tal modo desentona
en una población como Ávila y que,
por ende, tan flaquísimo servicio presta a su afamado autor. Y es que cuesta
muchísimo trabajo entender cómo un arquitecto de un mínimo nivel puede avenirse
a perpetrar tamaño dislate.
5.1. Edificio de reciente construcción que acoge al Arxiu Históric del Arzobispado de
Tarragona y que, concebido dentro de los parámetros minimalistas al uso, oculta un amplio lienzo de la valiosísima
Muralla de Tarragona, construida a lo largo de diferentes épocas históricas,
sobre un sustrato ciclópeo de época ibérica.-
En la parte
posterior de la Catedral de Tarragona
y a un costado del Palacio Arzobispal de dicha ciudad, construido en un patio
anejo a éste, se levanta un anodino edificio de varias plantas que, a priori, parece absolutamente
innecesario cuando las amplísimas e infrautilizadas dependencias de que dispone
el Arzobispado tarraconense en este punto de la ciudad, podrían haberlo acogido
con mucha mayor dignidad. Porque nada más coherente que el hecho de que un Archivo
Histórico se aloje en un edificio
histórico, y no en un edificio aséptico y de novísima planta que, para
mayor absurdo y escarnio de nuestro Patrimonio,
ha ido a levantarse junto a uno de los tramos mejor conservados de la Muralla de Tarragona que,
inevitablemente, oculta por completo.
¿Cómo ha
podido consumarse semejante exhibición de mal gusto y de insensibilidad
respecto a nuestros bienes culturales? En este caso, al igual que en otro de
los precedentes, cabe atribuir a las altas y persuasivas influencias de la
Iglesia la materialización de semejante desafuero. Uno más de los numerosísimos
perpetrados por dicha Institución y que tan extraordinario quebranto han
ocasionado al Patrimonio
Histórico-Artístico español.
Como en
todos los casos precedentes, el disparate consumado por el Arzobispado de Tarragona, contando con la preciosa colaboración del
Ajuntament de dicha ciudad, no tiene
maquillaje posible: sólo su
destrucción puede enmendar el daño que se ha hecho, contando como siempre con
el imprescindible concurso del arquitecto o arquitectos de turno, prestos a
consumar cualquier aberración que se les encomiende, antes que renunciar a los
sustanciosos beneficios que les procura cada nueva obra que realizan. El
pundonor y el buen gusto acostumbran a brillar por su ausencia entre los Arquitectos españoles, principalísimos
responsables de la extraordinaria
fealdad de todas las ciudades españolas. Sin su inapreciable concurso,
ni promotores ni Ayuntamientos habrían conseguido alcanzar el imbatible récord que supone haber logrado acabar,
en medio siglo escaso, con la belleza y el buen gusto que todas las ciudades y
pueblos de nuestro país habían acumulado durante milenios.